El
Juzgado de lo Penal nº 1 de Castellón ha dictado dos sentencias
condenatorias a propietarios de construcciones en suelo no
urbanizable protegido dentro del área de regeneración de la Sierra
Calderona, una en la Partida Fuente del Rector y la otra en la
Partida de Caldes.
Ambas
construcciones se realizaron sin licencia municipal, aunque tampoco
la misma habría podido concederse por la protección forestal del
tipo de suelo en que se realizaron. Este Ayuntamiento viene obligado
por ley a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal todas aquellas
edificaciones que se realicen en suelo no urbanizable sin obtener
licencia.
Las
denuncias fueron interpuestas por la Fiscalía Provincial de
Castellón que calificó los hechos como delito contra la ordenación
del territorio, previsto y penado en el artículo 319 del Código
Penal. Las diligencias previas de estas causas fueron instruidas en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe,
realizándose posteriormente los juicios orales en el Juzgado de lo
Penal nº 1 de Castellón.
En
ambos casos hubo un acuerdo entre el Fiscal y los acusados y se les
aplicó la pena más leve en este tipo de delitos. Para el primero de
los casos consistente en la ampliación de una vieja caseta de aperos
y la construcción de un paellero en la Partida Fuente del Rector se
impuso la pena de 3 meses de prisión y 6 euros diarios de multa
durante un periodo de 6 meses. En este caso se tuvo en cuenta la
atenuante por reparación del daño causado, ya que con anterioridad
al juicio el denunciado había derribado las edificaciones.
La
construcción realizada en la Partida Caldes consistía en una caseta
de madera de 50 m², con pilares de bloques de hormigón y el juzgado
ha ordenado su demolición, además de la imposición de la pena de 6
meses de prisión y multa de 6 euros diarios durante un periodo de 12
meses.
Para
evitar la comisión de este tipo de delitos, se hace necesario
informarse en el Ayuntamiento de en qué lugares del suelo no
urbanizable o rural se puede construir, qué tipo de edificaciones se
pueden construir y obtener la preceptiva licencia de obras. Tanto la
policía medioambiental, como el Seprona e incluso empleando medios
aéreos, persiguen estos delitos medioambientales; por lo que es muy
difícil “escapar” a la actuación del ministerio fiscal en estos
casos.
Gabinete
de Prensa
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