La totalidad de las administraciones españolas deben ser sometidas a profunda revisión, a una cura de adelgazamiento, tras la actual de humildad.
Pudo haberse hecho por convicción, en tiempo de mayor bondad económica, pero quienes desde el Partido Popular y el ámbito académico lo propusieron fueron tachados de centralistas, “antiautonomistas” y reaccionarios, por parte de los mismos inmovilistas que han arruinado el país.
Ahora habrá que hacerlo tardíamente y no por convencimiento sino por necesidad, por el colapso administrativo en el que vivimos.
La pasada semana en este mismo medio escribí “Reinventar la Administración”, afirmando que los gobiernos que conocíamos hace tan solo un año ya no existen y son no solo el pasado, sino la prehistoria.
La revisión a favor de una administración única, con el menor número posible de solapamientos, ya está en marcha y va a afectar a la totalidad de entes públicos.
Afectará a las diputaciones, como a las restantes administraciones, pero no supondrá su desaparición. La única reforma viable es aquella en la que, sin eliminar a nadie, todos presten, con menor gasto, servicios más eficientes. Lo ineficaz no es la institución sino el uso que se haga de ella.
La reforma ya ha comenzado, este mismo año, con dos hechos; la reforma constitucional, que fue propuesta por Mariano Rajoy hace dos años, y que finalmente ha tenido que ser impuesta por el Banco Central Europeo para prohibir el derroche público, y en segundo lugar, por las propuestas de los nuevos gobiernos autonómicos de supresión de organismos, devolución de competencias y drástico recorte del gasto.
E indudablemente, en esta reinvención de lo público para devolver protagonismo a lo privado, ayuntamientos y diputaciones tendrán que prestar mejores servicios y de forma más eficaz. No obstante, si las diputaciones provinciales, como entes cooperadores en la prestación de servicios esenciales de los municipios, no existiesen habría que inventarlas.
Las diputaciones son indispensables para los pequeños municipios, en Castellón a más de 100 ayuntamientos se les recauda los impuestos, a 35 se les presta el servicio de secretaría e intervención, a 83 se les depura el agua, de 70 se tiene la encomienda en la recogida de residuos, la totalidad recibe planes provinciales que van desde el abastecimiento de agua potable a la mejora de instalaciones deportivas, y el próximo año se les redactarán los proyectos técnicos y funcionará una central de contratación para la adquisición conjunta de bienes y servicios.
La única manera de suprimir las diputaciones, que tienen un asidero constitucional superior al de las autonomías, sería al nefasto modo catalán de reinventar entes comarcales o veguerías, que ya han costado más 500 millones de euros –el presupuesto total de la Diputación de Castellón es de 127- y conviven con los entes provinciales.
Miguel Barrachina Ros. Vicepresidente área Económica de la Diputación de Castellón
