Las recientes medidas anunciadas de reducción del gasto público son el principio indispensable de un duro camino de reforma global de un país económicamente inviable.
España, sus autonomías y buena parte de los ayuntamientos, han quedado, tras los siete años de socialismo al borde del colapso, hasta la Seguridad Social ha entrado en déficit y por tanto las pensiones futuras vuelven a estar en situación de riesgo.
Para entender la entidad del problema, pondré solo un ejemplo numérico; cuando el gobierno anterior equivoca su déficit y este en lugar de ser del 6%, comprometido con la Unión Europea para que nos financiase, es del 8% del PIB, significa que el agujero anual crece en 20.000 millones de euros, o lo que es igual, en lugar de que el gobierno de Rubalcaba y Chacón gastasen 60.000 millones de euros de más en 2011, se les ha ido la mano en 80.000 millones de euros.
¿Y cómo corrige Rajoy ese “desliz” adicional heredado de 20.000 millones? Pues reduciendo los gastos en 9.000 millones y aumentando los ingresos –IRPF e IBI- en 6.000 millones, y como verán con ello aun faltan 5.000 millones para cerrar el último agujero zapatero.
Quienes han protestado por la subida impositiva deben saber que esta solo cubre la treceava parte del desajuste de las cuentas de 2011, o que si Rajoy hubiese querido cubrir el agujero fiscal solo subiendo impuestos estos se tenían que haber subido ¡¡¡¡13 veces más!!!
En la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra tiene un problema adicional, que es que nuestra autonomía ha venido siendo la penúltima financiada en los diez últimos años, lo que representa que cada año hemos estado percibiendo mil millones menos que la media nacional y dos mil millones menos que las regiones mejor financiadas.
Por ello las medidas de ambas administraciones, antes la Diputación que preside Moliner había ya reducido su presupuesto en un 10%, que tienen carácter excepcional y transitorio, son indispensables, primero para llegar a fin de mes y, segundo, son el principio de la revisión de un sector público desmedido.
En ese objetivo de redimensionar el sector público para cooperar a la mayor productividad nacional, que junto al endeudamiento es el otro gran problema de España, me parece destacable la iniciativa del Gobierno Valenciano de vincular sueldos de cargos políticos al déficit, la supresión de las 23 embajadas en el exterior y la reducción de los entes públicos de 46 a 6.
Es el principio. Tan solo reduciendo dimensión y gasto corriente en nuestro sector público se podrá devolver la iniciativa al ámbito privado sin cuya generación de empleo es posible mantener la calidad de los servicios educativos y sanitarios actuales.
Miguel Barrachina Ros
Economista y Vicepresidente Diputación de Castellón
