Se inaugura una nueva era en ayuntamientos y
diputaciones; entran en vigor acertadas normas nacionales que prohíben las
duplicidades administrativas, topan los salarios a políticos, reducen asesores
y delimitan competencias. Se unen además a aquellas otras reglas de sentido
común establecidas por el gobierno de Rajoy que han eliminado 2.100 entes
públicos superfluos, permiten que paguemos a proveedores en tiempo récord y que
ha hecho que los mismos ayuntamiento quebrados en 2011 presenten hoy superávit.
En el caso de las diputaciones la aprobación de la
Ley de Racionalización de las Administraciones Locales hace que debamos
concentrar nuestra actividad fundamentalmente en mejorar el abastecimiento y
depuración de aguas, accesos, calles, alumbrado, limpieza, residuos,
recaudación de tributos, contratación, y algunos otros a los 127 municipios de
menos de 20.000 habitantes. Con el objetivo de garantizar que la calidad de los
servicios en todos los rincones de la provincia tengan la mayor calidad.
En la difícil legislatura que se cierra la
institución que lidera Javier Moliner ha ejecutado 1.600 obras en los 135
municipios de la provincia con una inversión superior a los 72 millones de
euros, al tiempo que reducía la deuda en 60 millones y las convocatorias
públicas de ayudas a municipios y asociaciones han pasado de 19 a 63 órdenes de
subvenciones.
Esta semana hemos inaugurado la décima legislatura
democrática de la Diputación con la corporación más joven de la historia para
dirigir una administración modernizada, más rápida y útil. Una corporación en
la que parte de la oposición no cree en la labor de la Diputación, sin la que
el 80% de municipios de menos de 5.000 habitantes tendrían muy difícil su
supervivencia. Ese discurso fácil, hecho desde las grades urbes, tiene escaso
recorrido cuando uno pregunta en Sacañet, en Matet o en Castell de Cabres por
quién se preocupa de su agua, de sus carreteras, de sus caminos, de apagar sus
incendios, de reparar su repetidores de televisión, llevarles las cuentas,
redactar sus proyectos de obras, atender a sus bandas de música o restaurar su
patrimonio, todos hablan de la Diputación en primer lugar.
Seguirá siendo una tentación para las grandes
ciudades pedir que se elimine la Diputación porque a ellos les préstamos
escasos servicios, pero es enormemente
insolidario con la parte más necesitada de nuestra provincia a la que
servimos preferentemente. Nosotros sí creemos en la provincia de Castellón, en
sus 600.000 habitantes, en sus 205.000 trabajadores y 41.000 empresarios y en
el proyecto común que suponen los 135 municipios, por eso la Diputación debe
también ejercer de leal defensora y contrapeso frente a quienes, en Bruselas,
Madrid o Valencia puedan tener ambiciones centralistas.
Miguel
Barrachina Ros
Secretario
Provincial Partido Popular de Castellón
Ustedes siempre con lo suyo , todo les parece mal , Por favor esperen a ver que resultado dan . No creo que a esos pueblos los vayan a discriminar sabe Sr Barrachina . Lo que ocurre es que algo tienen que decir para quedar bien ustedes como siempre han querido , dejen trabajar y si lo hacen mal , pues fuera y se acabo .Gracias
ResponderEliminar