La nueva norma en la que trabaja el Ministerio de
Justicia califica la histórica distribución de “estanca”. Frente común entre
Nules, Vila-real, Vinaròs, Segorbe y la Generalitat para evitar que el Gobierno
cierre sedes
La nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial que
prepara el Gobierno contempla la desaparición de los partidos judiciales,
considerándolos “estancos”, y la creación de una nueva figura, el Tribunal de
Instancia, cuyo ámbito jurisdiccional será la provincia y la sede estará en la
capital, es decir, en Castellón. Una drástica reforma que rechazan tanto los
alcaldes de los municipios que se verían afectados -Nules, Vila-real, Vinaròs y
Segorbe- como el conseller de Justicia, Serafín Castellano, confiando en que no
se aplique literalmente como está concebida por la comisión de juristas
nombrada por el Ministerio de Justicia en el año 2010.
El documento es un borrador, por lo que
ayuntamientos y Conselleria -en un frente común- esperan que no se llegue a
materializar y que su defensa de las sedes actuales, hecha pública en
reiteradas ocasiones, evite la supresión que recoge la norma. Sí entenderían,
no obstante, una redistribución del trabajo entre las cinco sedes judiciales
actuales.
El departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón
tenía previsto avanzar en la aprobación de la ley este otoño, aunque la
tramitación se retrasará, entre otros motivos, por las contundentes reacciones
negativas que está provocando el proyecto, además de en Castellón, en otras provincias,
como Tarragona o Segovia, o entre los abogados y sindicatos.
Munícipes y conseller coinciden en que la
eliminación de los partidos judiciales no puede llegar a materializarse porque
se rompería el principio de proximidad de la Justicia con el ciudadano. Además,
no conciben la creación de una megaciudad de la justicia en Castellón que pueda
asumir toda la carga de trabajo de los juzgados. Más aún teniendo en cuenta las
instalaciones actuales que, menos Nules -con una ampliación pendiente desde
hace años-, son relativamente nuevas, en especial el Palau de Justicia de
Vila-real, cuya inauguración oficial se hará en los próximos días.
Sin embargo, el borrador del Gobierno deja claro que
no invertirá en unas infraestructuras que califica de “provisionales”. Así lo
recoge literalmente: “Mientras las circunstancias presupuestarias no permitan
inversiones que positivicen en toda su extensión los términos de la ley, se
facilita la continuidad de uso de los edificios judiciales habilitados en las
antiguas cabeceras de partido, si bien con carácter provisional, sin que por
ello resulte posible llevar a cabo más inversiones”.
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