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Fabra ordena seguir adelante
con las bonificaciones en la ley de acompañamiento pese al criterio en contra
del gabinete de Montoro
A Alberto Fabra se le viene
pidiendo desde diversos ámbitos un golpe sobre la mesa, un gesto de autoridad
con el que hacer visible su liderazgo como presidente de la Generalitat y del
PP valenciano. Las desautorizaciones que ha recibido desde Madrid, con los
debates sobre la financiación autonómica y las inversiones del Estado como
argumento, han agrietado su imagen hasta el punto de que incluso algunos de sus
compañeros de partido consideran que no corregir esa actitud pasiva constituye
una de las razones por las que el partido ha caído en las encuestas.
Puede que el presidente de la
Generalitat no haya tomado definitivamente la decisión de cambiar de perfil y
de elevar el tono en aquellos debates que así lo merezcan. Pero algún cambio de
postura sí que se percibe. La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos,
Marta Fernández Currás, practicó la semana pasada ese juego que consiste en
reprender a un presidente autonómico, en este caso el valenciano, consciente de
que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, constituye suficiente
protección como para permitirse cualquier comentario.
Durante una intervención la
noche del jueves en el espacio «El debate de La 1», la número dos del
ministerio de Hacienda proclamó: «No hay margen para bajar impuestos si no se
cumple el déficit». En el caso de la Comunitat Valenciana lo del déficit es
indiscutible -cerró 2012 con una desviación entre sus ingresos y sus gastos del
3,52% del PIB, el peor dato de todas las regiones españolas-.
Hasta la fecha, el Gobierno
que preside Alberto Fabra no se ha caracterizado precisamente por llevar la
contraria a los mandatos que salían desde la Moncloa. Los más de 10.000
millones de euros facilitados a lo largo de 2012 permitieron el pago de las
nóminas de los funcionarios y que la administración autonómica no 'bajara la
persiana'. Y en el Palau de la Generalitat se reconoce que ese oxígeno fue
determinante para evitar la quiebra más absoluta. De modo que sí, el ministro
Montoro controla las cuentas autonómicas.
Pero de ahí a seguir a pies
juntillas todas y cada una de las decisiones que salgan de ese departamento va
un trecho. ¿Y las bonificaciones fiscales anunciadas por Fabra en el debate de
política general? El Consell tiene sobre la mesa la deducción en el IRPF por
obras de mejora en la vivienda; la bonificación del impuesto de Actos Jurídicos
Documentados (AJD)para empresas que quieran refinanciar sus deudas; la
bonificación para jóvenes emprendedores, también del impuesto de AJD; la
prórroga para 2014 de exenciones y las bonificaciones para emprendedores en
determinadas tasas; los incentivos al apoyo privado a los proyectos de I+D+i, y
la ampliación del límite de renta en la deducción a familias numerosas de
categoría especial. Todas esas rebajas forman parte de la ley de acompañamiento
de los presupuestos de la Generalitat, que el Gobierno valenciano presentó hace
poco más de una semana. ¿Se seguirá el criterio expresado desde Moncloa y se
presentarán enmiendas para retirarlas? Las fuentes del Gobierno valenciano
consultadas por este diario se muestran tajantes. «En ningún caso», se
advierte. De hecho, el entorno del Palau de la Generalitat reconoce su abierta
discrepancia con el criterio expresado con la secretaria de Estado la semana
pasada en relación con este asunto. «Los valencianos tenemos los mismos
derechos que los extremeños o los gallegos», recordó un alto cargo del Gobierno
valenciano en alusión a dos comunidades autónomas dirigidas por el PP que sí
que han incorporado diversas bonificaciones fiscales (aunque en ambos casos
cumplen el objetivo de déficit).
Las citadas fuentes aseguran
no haber recibido comunicación oficial del ministerio de Hacienda, pero incluso
se asegura que en el caso de hacerlo tampoco se atendería.
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