Autor: Miguel Barrachina Ros, Economista y
Vicepresidente de la Diputación de Castellón
Lo más significativo de la etapa socialista no fue,
como pudiera parecer, la ruina económica, sino la negligencia en la obligación
de control.
Da igual que
hablemos de control del sistema financiero, de inmigración o de cuentas
públicas, la laxitud gubernamental sobre todos ellos ha sido el denominador
común de un periodo superado.
Quizá la
ausencia de control que más desapercibida pasó entonces fue la del sistema
financiero que no solo comercializó masivamente participaciones preferentes
sino que estimuló la concesión de hipotecas, transformadas en desahucios, y
multiplicó por tres la exposición inmobiliaria.
En este mismo
diario leí que un destacado diputado del PSPV decía sobre las preferentes que
“el PP sabrá porqué se pone del lado de los que se han forrado y no del de las
víctimas saqueadas” y que “no pararemos hasta identificar a los responsables”.
Le voy a
ahorrar su tarea de identificación; los responsables de que el 70% de los
bancos y cajas españoles estafaran a los ahorradores son básicamente tres, y
profesan su misma ideología:
1.- Fernández Ordóñez, ex Gobernador del Banco de
España, ex diputado socialista, que toleró la emisión de preferentes y su venta
en el tramo minorista fundamentalmente en 2008 y 2009.
2.- Julio Segura que presidía la CNMV que primero
autorizó este producto y después determinó la desaparición del mercado
secundario que impidió que los particulares pudiesen deshacerse de ellas.
3.- La Vicepresidenta Salgado, que como ministra de
Economía colaboró en la toma de todas estas decisiones.
Y por encima
de todos ellos, quién propuso a los tres, Rodríguez Zapatero.
Efectivamente
esta estafa ha supuesto que miles de pequeños ahorradores se vean atrapados, y
por eso el nuevo gobierno de Rajoy ya no permite una venta que solo entre 2008
y 2012 supuso la irregular colocación de 6.212 millones según la actual CNMV.
El descontrol
financiero además de la estafa de las preferentes también toleró operaciones
hipotecarias que hoy se están demostrando desmedidas y, en casos, abusivas.
Hoy tras la
aprobación del código de buenas prácticas bancarias y la ley de protección de
deudores hipotecarios, los desahucios –provenientes de la etapa anterior- han caído a su mínimo histórico, y en
Castellón baja un 41% la cifra de ejecuciones.
Nunca deja de
sorprender que los mismos que crearon los problemas ahora traten de liderar la
crítica a las soluciones.
Solo son TREs
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