La exigencia de responsabilidades penales a los políticos y dirigentes públicos que, incumpliendo la ley, dañen gravemente a nuestra hacienda, es, además de razonable, consecuencia inevitable de la ligereza con la que se ha venido gobernando.
Es evidente que las responsabilidades políticas, exigibles cada cuatro años con la convocatoria de elecciones, se han mostrado insuficientes cuando la deuda pública nos ha desbordado y la tasa de paro bate récords mundiales.
Cuando el Fondo Monetario Internacional anuncia para España una caída de la renta nacional en 2012 y 2013 del 1.7% y el 0.3% respectivamente, si el gobierno central quiere evitarlo es conveniente que aderece las reformas laboral y financiera con exigencias adicionales sobre la totalidad de gestores públicos.
No es solo la adopción de medidas necesarias, es el cambio completo de mentalidad, que permite por ejemplo, que la Diputación de Castellón, que vive una situación económica mejor que la media de las administraciones, inserte en la totalidad de sus decisiones la austeridad como premisa.
La reducción en un tercio de las vicepresidencias y del personal de confianza, la supresión de puestos de conductores y vigilancia, la eliminación de las tres publicaciones propias, así como del merchandising, la cena del Día de Provincia, la comida de Santa Rita, los gastos navideños, agendas, y tantos otros, nos permiten funcionar en 2012 con once millones de euros menos y reduciendo en 20 nuestros trabajadores.
Si a ello agregamos que no solo hay que gastar menos sino sobre todo mejor, para lo cual se ha constituido la Central de Contratación, cabe pensar que si en Castellón somos capaces de mejorar, en el resto de la nación también.
Haciendo las cosas bien, y la exigencia de responsabilidades legales a los políticos contribuirá a ello, podemos cambiar todas las previsiones, que anuncian más desempleo y pobreza, e inaugurar una etapa de sacrificio que nos lleve de nuevo al crecimiento económico.
Miguel Barrachina Ros
Economista y Vicepresidente Diputación
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