El vicepresidente de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, y la diputada de Acción Social, Esther Pallardó, han presentado esta mañana las nuevas cláusulas sociales que contendrán los contratos de la institución provincial, a partir de este momento, después que la comisión de Hacienda aprobara la circular para incluir y comprender preocupaciones de carácter social en los pliegos de contratación.
De este modo, se exigirá a las empresas adjudicatarias de contratos de servicios y suministro que superen los 60.000 euros que tengan al menos un 2 % de personas discapacitadas en su plantilla y, además, se valorará y primará en determinados pliegos a empresas que contraten tanto a discapacitados como a personas en riesgo de exclusión social, como colectivos provenientes de centros penitenciarios, de centros de educación de menores o que hayan padecido toxicomanías. Asimismo, se podrá establecer la reserva de ciertos contratos a centros especiales de empleo.
Otros aspectos a valorar a partir de ahora, reflejados en la circular, serán el número de contratos indefinidos de las empresas, con el objetivo de fomentar la estabilidad de la plantilla; la flexibilidad horaria y servicios a los empleados, con el fin de favorecer la conciliación de la vida social y familiar; o el porcentaje de personas desempleadas de larga duración que se contraten para la obra en cuestión.
"Hoy la diputación provincial no solo es una institución socialmente responsable, ya que un 5 % de sus trabajadores son discapacitados, sino que va a exigir que aquellas empresas que contraten con la Diputación lo sean también", ha explicado Barrachina, quien ha incidido en que "esta medida repercutirá en que todos los técnicos de la Diputación van a valorar siempre los criterios sociales a la hora de redactar los pliegos, se van a contratar a empresas que incorporen al 2 % de personas con discapacidad en la empresa, y en caso de empate el número de discapacitados de las empresas decantará la elección".
Cabe destacar que el contrato para la recogida de pilas usadas, con un importe de 54.000 euros anuales, ya exigirá en su pliego que las empresas tengan un mínimo de un 15 % de personas con riesgo de exclusión social, obteniendo una puntuación superior aquellos beneficiarios que superen este porcentaje.
Por su parte, Pallardó ha destacado la importancia de esta iniciativa impulsada desde el área social de la Diputación porque "fomenta la inserción laboral de colectivos con alguna clase de discapacidad, permite la integración de personas en riesgo de exclusión social e incluso fomenta las políticas de igualdad entre hombres y mujeres". La diputada provincial ha añadido que "esta institución estará siempre al servicio de los colectivos más frágiles, facilitando un empleo estable, digno y adecuado a aquellas personas que, por alguna razón, se encuentran al margen de los circuitos del mercado laboral ordinario".
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