Jesús
Caldera: «Quien tenga más recursos pagará más parte del servicio
de dependencia»
Ha
conseguido el respaldo de los agentes sociales para aprobar las bases
del Sistema Nacional de Dependencia. Pero antes de que esa red se
ponga en marcha deberá lograr el consenso con comunidades,
ayuntamientos y partidos políticos. Una tarea que encara con
optimismo
ABC
07/01/2006 09:58:41
Sobre
sus espaldas recae el peso de poner en funcionamiento el cuarto pilar
del Estado de Bienestar desde el 1 de enero de 2007: el Sistema
Nacional de Dependencia, que asistirá a las personas que no pueden
valerse por sí mismas, a través de una red de servicios y
prestaciones. En su financiación participarán el Estado, las
comunidades y los usuarios, mediante su renta y patrimonio. Además,
Jesús Caldera ultima en estos momentos otra norma de gran calado
social: la ley de igualdad, una batería de medidas en favor de la
mujer, entre ellas el permiso de paternidad, que tendrá una duración
de al menos una semana.
Estaba
previsto que la ley de dependencia se aprobara en el primer semestre
de 2005, pero ha sufrido un retraso. ¿Las negociaciones con los
agentes sociales han resultado más complicadas de lo que esperaba?
La
ley estaba prevista para el año 2005 y así ha sido, ya que su
anteproyecto se aprobó el 23 de diciembre. La negociación con los
agentes sociales ha resultado excelente porque se ha firmado un
acuerdo sobre los grandes principios del Sistema de Dependencia.
También ha existido acuerdo con las asociaciones de discapacitados a
través del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi). La complejidad del desafío nos exigía ser muy
cuidadosos. Hemos tenido que elaborar un Libro Blanco, estudiar la
distribución de competencias para conocer qué le corresponde al
Estado y qué a las comunidades, prever la financiación... Todo ello
justifica plenamente que hayamos estado año y medio preparando este
gran proyecto.
El
texto se ha enviado esta semana a las comunidades. ¿Por qué no se
ha contado antes con ellas?
Todas
las comunidades autónomas conocen el Libro Blanco de la Dependencia,
por tanto los grandes principios en los que se inspira la ley, y
hemos mantenido conversaciones informales con todas, pero es
responsabilidad del Gobierno aprobar el anteproyecto. Hemos convocado
la Conferencia Sectorial de comunidades para que den sus opiniones.
Nuestra voluntad es consensuar con todos.
Entonces,
¿cómo perciben las comunidades esta ley?
Todo
el mundo nos dice que es totalmente necesaria y, salvo que alguien
quiera jugar a la demagogia negativa, espero que haya pleno acuerdo.
Es indiscutible que esta materia es competencia del Estado y de las
comunidades, más de las comunidades que del Estado, porque la acción
social es competencia exclusiva de las autonomías, pero el Estado
garantiza el ejercicio de un derecho por igual en toda España. En
este caso, sobrepasamos incluso nuestras obligaciones
constitucionales y financiamos una parte de una competencia
autonómica. Por tanto, la oferta del Estado es generosa.
El
sistema exigirá ampliar servicios como teleasistencia, ayuda a
domicilio, residencia... ¿Qué papel jugará el sector privado en
ello?
Muy
amplio, es conveniente estimular el desarrollo de la iniciativa
privada. La ley garantiza un derecho subjetivo, universal, en
igualdad de condiciones en todo el territorio. Por tanto, establece
una garantía pública para el ciudadano, pero los servicios podrán
ser de titularidad pública y privada. Hay un mecanismo en la ley que
permite a las comunidades conceder al sector privado una acreditación
de calidad suficiente para prestar estos servicios y acogerse al
Sistema Nacional de Dependencia. Es un requisito imprescindible.
También tendrá una gran participación el voluntariado, pues la ley
impulsará que el tercer sector continúe desarrollando su actividad
en esta materia.
Es
decir, los servicios serán públicos, concertados y exclusivamente
privados.
El
sistema no pagará una plaza de residencia que no reúna los
requisitos de calidad exigidos, pero si un centro privado presenta
esos requisitos y dispone de su correspondiente acreditación
cualquier ciudadano podrá elegir ese centro. La cartera de servicios
será la siguiente: la teleasistencia cubrirá al cien por cien de
las personas dependientes; quien necesite una plaza de residencia la
tendrá, de titularidad pública o privada, y los centros de día y
la ayuda a domicilio también podrán ser ofrecidos por empresas
privadas y públicas. Cuando no exista red suficiente, la ley prevé
otras prestaciones económicas como una ayuda para que las familias
compren el servicio a una empresa privada acreditada y las ayudas a
los cuidadores familiares.
¿En
qué casos no llegará la red?
Habrá
muchos casos, sobre todo en los primeros años de implantación del
Sistema, que se llevará a cabo de forma gradual a lo largo de ocho
años. Por tanto, habrá que recurrir a la prestación económica
para ir a comprar el servicio donde se pueda o atender con cuidadores
familiares.
¿Qué
percibirá el cuidador familiar: un sueldo, un subsidio?
No
puede ser un sueldo porque no existe una relación laboral con el
Estado ni con las comunidades. Se trata de una prestación económica
que se fijará de acuerdo con el nivel de dependencia de la persona
(si el nivel es más grave habrá más ayuda) y de la capacidad
económica del usuario (si una persona dispone de más recursos
necesitará menos ayuda, si cuenta con menos precisará más ayuda).
Esta prestación está dirigida a familias en las que una persona,
normalmente una mujer, ha renunciado a su actividad laboral por
cuidar a un familiar. Y no es justo que no reciba una ayuda económica
o que no esté dada de alta en la Seguridad Social para poder
completar su carrera profesional y acceder algún día a una pensión.
Es una buena muestra de política de familia.
Algunos
estudios dicen que gran parte de los mayores prefieren ser atendidos
en sus casas. ¿El sistema tendrá en cuenta sus preferencias?
Uno
de los principios de la ley es la permanencia de la persona
dependiente el mayor tiempo posible en su entorno familiar, siempre
que se garantice un cuidado adecuado. Se puede mantener con ayuda a
domicilio, con un cuidador familiar o con un centro de día. Este
será uno de los sistemas más utilizados. Si un usuario no quiere
acudir a una residencia no irá, será decisión del afectado y de su
familia. Pero hay momentos en los que no queda más remedio que
acudir a la atención permanente de índole residencial. Y esa es una
opción que se va a dar.
Los
usuarios participarán en la financiación del sistema según su
renta y patrimonio, incluyendo la vivienda. ¿Qué fórmulas
recomienda para liquidar el patrimonio?
Efectivamente,
el usuario participará con su renta y patrimonio dependiendo de su
situación. Pero no es lo mismo una persona discapacitada joven que
un mayor dependiente. Eso lo tendrá en cuenta el desarrollo
reglamentario de la norma. Tampoco se encuentra en la misma situación
el usuario que acude a una residencia que otro que vive en su casa y
recibe asistencia domiciliaria o de un cuidador familiar. En estos
últimos casos el patrimonio debe mantenerse. No es justo, ni
solidario ni ético que los familiares vacíen el patrimonio de estas
personas y luego las lleven a una residencia. Cuando una persona
necesite una residencia para el resto de su vida y no disponga de
recursos suficientes puede alquilar su patrimonio o acudir a la
hipoteca inversa; existen fórmulas financieras que se pueden
desarrollar y son buenas. Nadie va a quedar desamparado en sus
necesidades. Eso está no sólo en el espíritu, sino también en la
letra de la ley.
¿No
teme que un sector del mercado vea un negocio floreciente en esos
casos?
No.
Estableceremos mecanismos de control suficientes, a través de
acreditaciones, para las entidades financieras. Es intolerable que a
una persona se la engañe. Ya se preocupará el sistema de que no
haya fraude.
¿Se
trata de que quien más tenga más pague?
Se
trata de que el servicio, que tiene un coste elevado, sea sufragado
por el usuario según su capacidad económica. Supongamos que un
enfermo de alzhéimer precisa una plaza en una residencia que cuesta
1.700 euros al mes y recibe la pensión máxima, unos 1.900 euros,
además no tiene familiares ni otras cargas; lo lógico es que pague
el 90 por ciento del coste de la residencia, que es lo que se hace
ahora. Pero si el usuario percibe una pensión de 600 euros y no
tiene más recursos, el sistema tendrá que aportar los mil euros
restantes. Quien disponga de más recursos pagará más parte del
servicio, pero quien tenga menos, obviamente, no puede hacer frente a
más pago. Ese es el principio de solidaridad.
También
los ayuntamientos ofrecen servicios sociales. ¿Cuál será su
función?
La
ley recoge que los ayuntamientos se incorporen, por ejemplo, cediendo
terrenos para la construcción de centros o cooperando en la atención
domiciliaria. Son titulares de servicios sociales, pero el titular
fundamental es la comunidad autónoma y la que más capacidad
financiera tiene. La ley establece un núcleo básico de derechos,
que pueden ser ampliados por comunidades y ayuntamientos. Sin duda,
sería muy positivo que los ayuntamientos cooperaran según sus
posibilidades, pues así la red se extenderá antes.
La
ley de igualdad es otra norma social prevista para este trimestre.
¿En qué estado se encuentra?
Estamos
trabajando en el ámbito del diálogo social. Esperamos que al acabar
este primer trimestre llegue un anteproyecto al Consejo de Ministros
y antes del verano al Parlamento.
El
texto regulará el permiso de paternidad. En el programa socialista
se fijaba una duración de dos semanas, pero ahora se habla de una.
¿Puede concretar su duración?
Puedo
garantizar que habrá un permiso de paternidad como se ha acordado en
la Administración para el empleo público, pero no sabemos todavía
su duración. Al menos será de una semana, adicional a los dos días
de los que ahora disponen los padres. Si podemos iremos un poco más
allá. En el programa electoral se hablaba de quince días, pero el
coste resulta muy, muy elevado. Hay que tener presente que lo paga la
Seguridad Social, no impondremos ninguna carga a las empresas.
¿Cuál
es el coste?
En
el caso de dos semanas, alrededor de 500 millones de euros al año.
Ya tenemos una previsión presupuestaria de 200 millones de euros
para este año.
¿La
ley establecerá otras medidas de conciliación de la vida laboral y
la familiar?
Sí,
también habrá otras medidas de mejora, sobre todo de mejora de la
situación de la madre...
¿Horarios
flexibles, jornadas reducidas?
Ese
es un problema que sólo se puede resolver a través de la
negociación colectiva. Sí habrá ampliación de derechos para la
mujer.
¿La
ley obligará a las empresas a que la mujer esté representada al 50
por ciento en órganos directivos?
Esa
ley transversal estimulará que exista una representación cada vez
más amplia de las mujeres en los consejos de administración, pero
no puede ser obligatorio, eso sería intervenir.
¿Qué
más medidas incorporará?
Queremos
que haya, mediante negociación colectiva, la obligación de aprobar
planes de igualdad en las empresas que fomenten la participación de
la mujer en los órganos de máxima representación, su igualdad
salarial... Por último, habría que abrir un debate para que la
negociación colectiva pueda ordenar mejor los tiempos de trabajo y
conciliar la vida laboral y la familiar. Será objeto de reflexión
en la norma.
De
portavoz del grupo parlamentario socialista en la oposición, a
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ¿Qué ha cambiado?
Bastante.
Antes me dedicaba más a asuntos de leyes horizontales de todo tipo y
ahora estoy mucho más concentrado en la política social y de
empleo, que es muy hermosa, porque cuando te ocupas de asuntos que
llegan directamente a los ciudadanos resulta bastante gratificante.
Si tuviera que elegir me quedo con esto.
Aunque
los asuntos sociales se aparcan más que la política en los propios
medios de comunicación...
Ya
sé que no ocupan las primeras páginas, pero muchas veces son el
principal interés de la gente aunque no lo parezca, porque les
afecta en su vida diaria.
TEXTO:
MARÍA JOSÉ PÉREZ-BARCO
FOTOGRAFÍA:
MULTIMEDIA LASPROVINCIAS.ES
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