La juez Alaya cree que será condenada y la considera
una de las “artífices” del marco normativo que permitió el fraude de los ERE
La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos
en Andalucía recupera su tesis de que los altos cargos políticos de la Juna
vinculados a la Consejería de Hacienda fueron en última instancia responsables
de lo ocurrido. Que fueron los promotores del sistema irregular que permitió
dar ayudas directas o prejubilaciones a sabiendas de su total opacidad y
ausencia de controles. Así lo afirma sin ambages Mercedes Alaya en el auto en
el que fija una fianza por responsabilidad civil de 29,5 millones de euros para
la exconsejera Magdalena Álvarez, responsable de las cuentas regionales entre
1994 y 2004 e imputada por prevaricación y malversación. En ese mismo
documento, la juez dice no dudar de la futura condena de la exministra.
Álvarez, consejera del Banco Europeo de Inversión
(BEI), es la implicada que ostenta el mayor rango político del caso ERE. Su
imputación el verano pasado se entendió como el paso previo a la inculpación de
la cúpula de la Junta, ya que los supuestos hechos delictivos que se le imputan
fueron señalados también en el auto que abría la puerta a una posible
implicación del expresidente José Antonio Griñán, actualmente aforado y que
sustituyó a la exministra al frente del área de Hacienda.
El auto conocido ayer también fija las fianzas para
dos de sus subordinados: el que fuera viceconsejero de Economía, José
Salgueiro, deberá afrontar una responsabilidad civil de 22 millones de euros;
mientras que para el ex secretario general técnico y director de Presupuestos
Antonio Estepa está fijada en 8,8 millones de euros. Se trata de cantidades muy
alejadas de los 807 millones impuestos al exconsejero de Empleo Antonio Fernández
o los 686 millones del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Alaya apunta que tienen el plazo de un día desde la notificación del auto para
abonar las fianzas, algo improbable dada su cuantía, por lo que la juez abre la
puerta al embargo de bienes y nóminas, como ya ha hecho con otros imputados a
los que ha inmovilizado incluso vehículos.
La juez Mercedes Alaya justifica estas medidas
cautelares, que no fueron solicitadas en su día ni por la Fiscalía ni por la
acusación particular que ejerce el Ejecutivo autonómico, con la finalidad de la
“devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente
ilícita ha salido del erario de la Junta de Andalucía”.
En este sentido, establece las cantidades en
proporción al montante total de las ayudas otorgadasmediane el sistema
irregular durante su etapa en Hacienda, cifradas “a groso modo” (sic) en poco
más de 177 millones de euros, aunque esta cantidad podría variar con el avance
de la investigación. Y de forma inusual aventura además que “cabe deducir la
probabilidad cierta de que (los inculpados) pudieran ser condenados en un
futuro por los hechos que hoy se investigan”.
Recurso
La que fuera ministra socialista de Fomento ya
recurrió en octubre su imputación ante la Audiencia de Sevilla, quien de
pronunciarse podría acabar invalidando esta fianza, contra la que además cabe
recurso. De hecho, la Audiencia ya anuló una primera imputación contra Álvarez
y otra veintena de ex altos cargos de la Junta al entender que no había
motivación suficiente, aunque la decisión se produjo cuando la exconsejera ya
había prestado declaración.
Alaya repitió entonces la imputación concretando los
supuestos hechos delictivos y tomó de nuevo declaración en octubre a la
exconsejera, quién se quito de encima toda responsabilidad y repitió que cada
Consejería era responsable del destino final de los fondos públicos recibidos.
Una tesis que Alaya rechaza ahora en su auto. Así, insiste la juez en que
Álvarez y sus subordinados fueron promotores “en connivencia con otros del
procedimiento ilegal de concesión” de ayudas que se utilizó en la Junta entre
2000 y 2011.
Argumenta que aunque no fueran responsables del uso
que la Consejería de Empleo dio a esos fondos públicos, sí pusieron en marcha
el marco que permitió usar las transferencias de financiación para dar las
ayudas. Y lo hicieron, dice, a sabiendas de que ese método era inadecuado
porque permitía la discrecionalidad y evitaba cualquier fiscalización,
contraviniendo así los principios de actuación de cualquier administración. De
esta forma, subraya, las ayudas concedidas por este sistema se convirtieron en “desplazamientos
de fondos públicos a terceros por mera liberalidad”.
Alaya establece que primero se valieron de las
modificaciones presupuestarias, causando millonarios desajustes en las cuentas
regionales, para dotar dichas tranferencias, y más tarde, en 2002, consolidaron
la fórmula incluyéndola en los Presupuestos anuales aprovechando “el complejo
lenguaje presupuestario”. De esta forma, las leyes de presupuesto desde ese año
“son frontalmente contrarias” a gran parte del ordenamiento jurídico y
generaron déficits de hasta 93 millones de euros en el año 2004.
«La
fianza está totalmente fuera de lugar y es desproporcionada»
Magdalena Álvarez hizo público un comunicado la
tarde de hoy en la que muestra su rechazo frontal a la fianza civil de más de
29 millones de euros impuesta por la juez Mercedes Alaya. La exministra llega a
calificar la caución de "desproporcionada" y asegura que esa medida
cautelar está “totalmente fuera de lugar” porque su imputación está recurrida.
La exconsejera, que insiste su “absoluta inocencia
con respecto a los delitos imputados” y su “plena confianza” en que la justicia
le dará la razón, muestra su asombro por la millonaria fianza, habida cuenta
que su imputación, asegura, "no es firme", ya que está pendiente de
un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial, que deliberará
sobre el asunto el próximo 23 de abril. Álvarez, quien recuerda que en junio
del pasado año, este mismo órgano declaró nula su primera imputación, insiste en
que "queda, pues, totalmente fuera de lugar la imposición de fianza civil
justo antes de que” se resuelva un recurso que entra en el “fondo del
asunto". O sea, "sobre si existe o no delito".
El comunicado hace hincapié en ningún momento, ni el
Ministerio Fiscal, ni la Junta de Andalucía, ni la Abogacía del Estado han
pedido adopción de medida cautelar alguna contra la exministra de Fomento. Y
considera "inexplicable desde un punto de vista de seguridad
jurídica" que se impoga la fianza más de seis meses después de que
declarar por segunda vez ante Alaya. “Es una medida a todas luces
desproporcionada”, reitera, sobre todo porque "mi actitud ha sido en todo
momento de colaboración total con la investigación, personándome incluso antes
de ser oficialmente notificada, acudiendo a declarar en dos ocasiones y
contestando a todas las preguntas que se me han formulado".
"Mi situación procesal no ha cambiado ni se ha
aportado prueba alguna que sustente mi involucración en este caso",
arguye, antes de anunciar que recurrirá esta medida cautelar, y que seguirá
"trabajando para defender mi inocencia, y colaborando con la
Justicia".
Gallardón
dice que la causa judicial “define” a Andalucía
El ministro de Justicia, Aberto Ruíz-Gallardón, hizo
ayer una fotografía de Andalucía en la que no dejó títere con cabeza. En un intento
de tirar por tierra la estrategia de la oposición del PSOE, que siempre alude a
esa comunidad autónoma como su modelo, se explayó contra la candidata del
partido de la oposición a las europeas. “Me pregunto a qué se refería: ¿A que
gobierne el que pierde? ¿A una tasa de paro del 35%? ¿A un fracaso escolar como
el de Andalucía? ¿O a un sistema de ERE falsos que es lo que caracteriza y
define a Andalucía?”, dijo con sarcasmo durante la sesión de control en el
Congreso.
Puedes ver el AUTO en pdf pinchando AQUÍ
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