El Mundo llevaba este domingo a su portada una
presunta trama de corrupción en torno al Ministerio del Interior de la época de
Alfredo Pérez Rubalcaba que está investigando la Policía Judicial.
Se trata de contratos amañados otorgados por el
Ministerio a la empresa tapadera Interligare, que según la Brigada de
Delincuencia Económica se llevó entre 2008 y 2010 al menos 2,4 millones de
euros. Y ello por trabajos fantasma.
Los investigadores sitúan en el centro de la trama
al comisario Gabriel Fuentes, actualmente asesor del ministro Jorge Fernández
Díaz y persona de confianza de Juan Alberto Belloch cuando éste era titular del
departamento. Junto a él figura Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe de Policía
de Madrid en el 11-M y mano derecha de Rafael Vera en la Secretaría de Estado
de Seguridad. Y, en tercer lugar, Luis Luengo, director de Infraestructuras del
Ministerio con Rubalcaba.
Están acusados de los delitos de cohecho, falsedad
documental, estafa, tráfico de influencias y contra la Seguridad Social.
El departamento que dirigía Luengo en Interior era
el que filtraba los pliegos con las bases del concurso a Interligare,
supuestamente una consultora de Inteligencia y Seguridad presidida por José Luis
Martín Juárez, según la Policía un hombre de la confianza del socialista José
Blanco. En la compañía figuran como directores generales dos hijos de Luengo.
“Bajo la apariencia de seguridad nacional, dichos
proyectos carecen de publicidad y son asignados directamente a esta empresa”,
rezan informes policiales obtenidos por el diario. El procedimiento era el
siguiente: desde Interior filtraban los pliegos a Interligare para que la
empresa amoldara su oferta. En ocasiones llegaron a confeccionarse contratos a
medida. Uno de ellos para la confección de sistemas informáticos para
Instituciones Penitenciarias.
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