Rajoy recorta a la mitad la subvención a UGT y CCOO para sufragar su actividad

Los sindicatos también tendrán que apretarse el cinturón. Y mucho. No en vano el pastel de las subvenciones que cada año se concede para el desarrollo de la actividad sindical se ha reducido dramáticamente desde la llegada al Gobierno del Partido Popular.
Al punto de alcanzar mínimos en el presente ejercicio. Según publicaba el pasado sábado el Boletín Oficial de Estado (BOE), las ayudas en el año 2013 ascenderán a 8,88 millones de euros, la mitad del botín repartido en la última convocatoria del PSOE al frente del Ejecutivo. Entonces, las principales centrales –con UGT y CCOO a la cabeza- se repartieron 15,79 millones de euros.

“La cuantía total máxima de las subvenciones a conceder será de 8.883.890 euros”, reza la resolución del Ministerio de Empleo para limitar las ayudas. Se trata de una cuantía que los sindicatos reciben con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que también recogen en 2013 otra partida de casi 2,7 millones de euros para sufragar la participación de las centrales en órganos consultivos y consejos. Aquí CEOE también se lleva su parte. Paradójicamente, la rúbrica presupuestaria que abriga estos gastos se recoge como una “transferencia corriente a familias e instituciones sin fines de lucro”. En total, este año se ponen en liza 11,58 millones de euros.

  

El último desglose publicado sobre el reparto de las ayudas corresponde al año 2011, el último del PSOE en La Moncloa. Por su actividad sindical, CCOO percibió 6,38 millones de euros y UGT se embolsó otros 6,12 millones. Entre ambos, acapararon el 78,4% del total. Lejos quedaron la Unión Sindical Obrera (USO) y la vasca ELA, con dotaciones de 535.000 y 473.000 euros, respectivamente. Por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo, el sindicato de Cándido Méndez se hizo con 1,25 millones y el de Ignacio Fernández Toxo, con 1,12 millones. La patronal CEOE se llevó la palma, con 2,13 millones. Las cifras de 2013 quedarán muy lejos de ese dispendio.

De hecho, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no tocó la partida de la que se benefician los sindicatos por sus actividades sindicales durante los cuatro años de crisis que se mantuvo al frente del Gobierno. De hecho, subió la subvención en más de 300.000 euros entre 2007 y 2008, para estabilizarla desde entonces y hasta 2011 en los citados 15,79 millones de euros. El año pasado, sin embargo, ya se redujo considerablemente hasta los 11,1 millones y en el presente ejercicio ha vuelto a reducirse en otros 2,2 millones de euros. Estas percepciones presupuestarias se sitúan la margen de los fondos que los sindicatos manejan por cuestiones como los cursos de formación u otras dotaciones que reciben a través de otros ministerios.

La última vuelta de tuerca

  

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo explicó en una de sus primeras comparecencias públicas tras ganar las elecciones. “Nos hemos encontrado una situación extraordinaria y no prevista, y estamos obligados a tomar medidas extraordinarias y no previstas", dijo,  al tiempo que anunciaba una bajada de un 20% en las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. En julio de 2012, el presidente del Gobierno daba una vuelta de tuerca al planteamiento y comunicaba que los Presupuestos de 2013 incluirían otro ajuste adicional del 20%. Una rebaja que es, precisamente, la que certificaba el BOE este fin de semana.

La resolución expone que la concesión de subvenciones entre los diferentes sindicatos se realizará “en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical”. De hecho, en torno a 80 organizaciones suelen recibir fondos por este concepto. La finalidad del dinero que se entrega a las centrales es “fomentar, mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores”. El crédito presupuestario consignado se encuentra en un ambiguo programa denominado Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social.

El interés por conocer la cuantía total de los fondos públicos que reciben sindicatos y patronal ha topado tradicionalmente con el oscurantismo que recorre sus cuentas. Sobre todo en lo referente a los cursos de formación que gestionan. Es más, CCOO y UGT han pedido límites a la forma en que les afectará la Ley de Transparencia, dejando claro que no deberían tener las mismas obligaciones que administraciones públicas o partidos políticos. Su tesis es que sólo deberían dar cuenta de los fondos públicos que reciben y que debe respetarse el derecho de libertad sindical y su autonomía organizativa. Una reflexión similar a la de CEOE, que ya ha advertido que no publicará los sueldos de sus dirigentes ni auditará a sus organizaciones asociadas ni informará sobre sus ingresos privados.