• El
presidente de la Diputación ha anunciado que habrá una reducción en torno al
10%, con unos 105 millones de euros
• “Tenemos
que priorizar aquello vinculado a nuestro ámbito de competencias y no lo que no
lo esté”, ha puntualizado
• “No
quiero facturas sin pagar por la burocracia, voy a exigir absoluta
responsabilidad a los jefes de servicio y a los diputados”
El presidente de la Diputación de
Castellón ha marcado las claves del presupuesto de la institución provincial de
cara a 2013 en la primera reunión de trabajo que ha mantenido con todos los
diputados de su equipo de Gobierno. Javier Moliner les ha pedido que prioricen
en sus partidas aquellas inversiones que supongan una mayor rentabilidad
económica para el conjunto de la provincia y la mejor prestación de servicios a
los ayuntamientos.
Para garantizar que el 1 de enero de 2013 ya esté
plenamente vigente el nuevo presupuesto, Javier Moliner ha decidido agilizar
los trabajos, que ya comenzaron en agosto en el área de Hacienda que dirige
Miguel Barrachina. Hay que tener en cuenta que muchos ayuntamientos suelen
comenzar el año con muchos problemas de liquidez, por lo que “la Diputación
debe estar en condiciones en ayudarles a resolver sus problemas desde el primer
día del año”, ha insistido el presidente de la Diputación.
El Gobierno aún no ha establecido la aportación que
recibirá la Diputación de Castellón, que es la principal fuente de ingresos de
la institución provincial, con cerca de un 80%, por lo que se ha comenzado a
trabajar bajo la hipótesis de una reducción en torno al diez por ciento
–alrededor de 105 millones de euros frente a los 116 millones de 2012-.
Una parte ya está asumida con los ahorros previstos
por la reducción de sueldos de los diputados y del número de asesores, además
de las jubilaciones que no se han cubierto. Pero todos los diputados deben
adoptar otras medidas, que en ningún caso afectará ni a las inversiones
productivas, ni a los servicios a los municipios, ni a las ayudas sociales de
emergencias.
“El balance del primer año de trabajo ha sido
positivo en lo que se refiere a cumplimiento de los objetivos de adecuar la
Diputación y sus costes a la nueva realidad, pero nuestra obligación ahora es
centrar todo el esfuerzo en ayudar a que los ayuntamientos presten el mejor
servicio a sus vecinos y a emprender todas aquellas iniciativas que fomenten
nuevas oportunidades económicas en la provincia”, ha explicado Moliner a los
diputados durante la reunión.
Además, Moliner ha emplazado a sus diputados a que
“hay que insistir en pagar dentro de plazo todas las facturas a proveedores y
hacer trazabilidad de las facturas. “No quiero que haya facturas sin pagar por
defectos administrativos. Por eso voy a exigir absoluta responsabilidad a los
jefes técnicos y a los diputados”, ha asegurado el presidente de la Diputación,
pese a que ya se ha reducido el periodo medio de pago a 28 días pese a que la
obligación legal es hacerlo en 40 días.
Además, la nueva normativa obligará a todas las
instituciones a ser mucho más escrupulosos con las cuentas, porque a partir de
2013 los remanentes deberán ir a amortizar deuda en lugar de a complementar los
presupuestos posteriores. Además, se mantendrá la línea de 2012 de jubilar a
todos los trabajadores mayores de 65 años y la política de contratación cero
–teniendo en cuenta que el coste de personal será ligeramente inferior en 2013
que en 2009, cuando el presupuesto fue casi un 70% más alto, por lo que hay
menos carga de trabajo-.
Moliner ha explicado a los diputados del equipo de
Gobierno que “estamos ante la necesidad de profundizar en el cambio de modelo
de gestión que ya marcamos el año pasado y que además viene claramente
reforzado por el nuevo modelo de reparto competencial. Nos obliga a pensar en
otro modelo de Diputación”. En este sentido, ha puntualizado que
“necesariamente tenemos que priorizar aquello vinculado a nuestro ámbito de
competencias y no lo que no lo esté. Habrá que asumir decisiones no
agradables”.
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