• También ha sido imputado otro varón por una falta
de hurto
• Los supuestos autores habrían sustraído 340 litros
de gasoil y dos baterías de camión
La Guardia Civil de Viver ha detenido a un varón e
imputado a otro, ambos vecinos de Benafer, como supuestos autores de un delito
y una falta de hurto. La actuación de la Guardia Civil se inició el día 31 de
octubre a raíz de varias denuncias presentadas en el Cuartel de la Guardia
Civil de Viver, en la que se informaba de la sustracción, en diversas
ocasiones, de un total de 340 litros de gasoil y dos baterías de camión, los
cuales habrían sido sustraídos en el paraje denominado “El Albar”, término
municipal de Benafer.
La Guardia Civil inició una investigación para el
esclarecimiento de los hechos que ha dado como resultado la localización de los
supuestos autores del hecho, procediéndose a la detención de F.J.I.L., de 53
años de edad y a la imputación de V.S.O., de 30 años, ambos de nacionalidad
española, como supuestos autores de un delito y una falta de hurto.
El detenido e imputado, en unión de las diligencias
instruidas, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Segorbe. La
detención e imputación ha sido efectuada por efectivos de la Guardia Civil de
Viver. Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de
Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón en los
teléfonos 964.22.46.00 ext. 241 o 628.140.650.
LA HIPOCRESÍA DE LOS SOCIALISTAS
ResponderEliminarEl Gobierno se mueve entre la sorpresa y la indignación por las posiciones que mantiene el PSOEen una materia tan sensible como es la seguridad ciudadana. Los socialistas se han unido a toda la oposición para pedir la retirada de las concertinas instaladas en la valla fronteriza de Melilla para prevenir los asaltos de inmigrantes, a pesar de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptó en 2005 la misma medida ante las avalanchas de los irregulares; e igualmente se ha puesto a la cabeza de la manifestación en contra del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que finalmente no aprobará hoy el Consejo de Ministros al estar realizándose algunas modificaciones, aunque sea muy similar en algunos aspectos a la conocida como «ley Corcuera» de 1992, con la que además comparte la cuantía de las sanciones máximas previstas.
La cuantía de las sanciones que establece el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana se mantiene invariable respecto a su antecesora de 1992, aprobada por el Gobierno de Felipe González. Así, para las infracciones muy graves ambos textos fijan una multa de entre 30.000 y 600.000 euros. En las graves coincide igualmente el límite superior (30.000 euros), mientras que en las leves este pasa de 300 en el caso de la «ley Corcura» a los 1.000 euros de la propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Recorte de libertades
Los socialistas, con su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la cabeza, también han criticado el contenido de la ley, llegando a afirmar que su aprobación supondría un recorte de las libertades. Se basan en las restricciones al derecho de manifestación en lugares como los alrededores del Congreso o la prohibición de los actos de acoso a responsables políticos que se vivieron hace unos meses en plena campaña del 15-M.
De nuevo, el Gobierno considera que la memoria del PSOE es frágil en este asunto, ya que la ley que este partido aprobó en 1992 -y que por cierto, fue parcialmente tumbada por el Tribunal Constitucional por no respetar algunos derechos fundamentales-, ya recogía como infracciones en materia de seguridad ciudadana las manifestaciones que sean contrarias a la Ley Orgánica del Derecho de Reunión en unos términos casi idénticos a los que recoge el anteproyecto del Ministerio del Interior.
En estas circunstancias, Interior se pregunta: «¿Por qué mantiene el PSOE un criterio tan intrusivo y privatizador en un asunto como éste y otro tan supuestamente garantista cuando se defiende la seguridad en las calles?».