Si a la herencia en forma de déficit de 2011, que puede alcanzar los 81.000 millones, agregamos el número record de desempleados de 5.273.600 personas, cabe convenir que España no necesita reforma sino revolución.
Estos dos datos objetivos vienen aderezados de otro subjetivo, como es la pérdida de confianza en los responsables públicos, singularmente los políticos pero también sobre la función pública en general.
Y esta revolución, esta tarea regenerativa, debe ir dirigida hacia la austeridad en el sector público, la creación de empleo y la despolitización de nuestra administración.
Las medidas anunciadas el viernes último por el Consejo de Ministros, de imponer techo al gasto público autonómico y sanciones a los incumplidores, permitirán sanear nuestro sector público, recuperar el crédito, y asegurar las prestaciones de nuestra sociedad del bienestar.
El déficit cero para todas las administraciones supondrá un sector público más eficiente, aunque su consecución no estará exenta de enormes padecimientos personales, en forma de aumentos de jornada, pérdida retributiva y menores subvenciones.
Pero el ahorro no es suficiente, el desprestigio de lo público obliga a que la política deba salir de los juzgados. Es un gran acierto la recuperación de la separación de poderes, con una elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial de entre sus miembros y que los magistrados del Tribunal Constitucional ganen en independencia.
La sensación de politización de la justicia, y de mercadeo con sus cargos, quiebra la confianza que los ciudadanos debemos tener en los garantes últimos de la igualdad entre españoles.
La supresión del Consejo Audiovisual que podía acabar siendo un nuevo órgano censor, la reducción en un 20% de las ayudas a empresarios y sindicatos o de un 30% a los partidos políticos, son, no solo medidas de ahorro, sino el inicio de un imparable proceso regenerativo que debe devolver a la sociedad civil los espacios que ha perdido por el desmedido crecimiento del sector público y la mala práctica política.
La dedicación pública es una apasionante vocación pero debe circunscribirse a su ámbito, fuera de él entorpece y perjudica la libre iniciativa de los ciudadanos.
Miguel Barrachina Ros
Vicepresidente Área Económica Diputación Castellón
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