La juez Alaya cree que será condenada y la considera
una de las “artífices” del marco normativo que permitió el fraude de los ERE
La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos
en Andalucía recupera su tesis de que los altos cargos políticos de la Juna
vinculados a la Consejería de Hacienda fueron en última instancia responsables
de lo ocurrido. Que fueron los promotores del sistema irregular que permitió
dar ayudas directas o prejubilaciones a sabiendas de su total opacidad y
ausencia de controles. Así lo afirma sin ambages Mercedes Alaya en el auto en
el que fija una fianza por responsabilidad civil de 29,5 millones de euros para
la exconsejera Magdalena Álvarez, responsable de las cuentas regionales entre
1994 y 2004 e imputada por prevaricación y malversación. En ese mismo
documento, la juez dice no dudar de la futura condena de la exministra.
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