El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado por unanimidad, con los votos a favor de PP, PSPV y Bloc, trasladar al gobierno central la necesidad de impulsar la seguridad en municipios rurales y de interior, la elaboración de un plan integral que proteja el litoral castellonense y la condonación de las deudas municipales con la SGAE. Dichos documentos han sido llevados a pleno tras una ronda de reuniones con los alcaldes de los municipios afectados.
El Grupo Popular presentaba hoy a debate una moción centrada en la falta de cuerpos de seguridad ante la ola de asaltos que se han producido en los últimos meses en poblaciones de la provincia de Castellón. El incremento de los robos y hurtos en instalaciones, tanto agrícolas como ganaderas, e incluso en viviendas ocupadas por sus propietarios, ha provocado una situación de indefensión que ha llevado al PP a pedir un aumento de la vigilancia en dichas zonas. “Queremos que el gobierno actúe de inmediato y cese una situación que ha derivado en una verdadera alarma social por los continuos asaltos a instalaciones y propietarios. Algo que va más allá de un momento puntual y cuya continuidad en el tiempo nos lleva a pedir medidas concretas”. El documento ha sido aprobado por unanimidad con los votos a favor de los tres grupos políticos, PP, PSPV y Bloc.
La situación de la costa castellonense ha centrado la segunda de las mociones del Grupo Popular, aprobada también por unanimidad de todos los grupos, centrada en la petición al Ministerio de Medio Ambiente para que elabore un plan integral de protección del litoral. El texto recordaba la condición de segunda costa más regresiva de España y pedía la puesta en marcha de medidas paliativas con cargo a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Desde el grupo popular se ha hecho hincapié “en la necesidad garantizar el buen estado y la integridad del litoral desde el punto medioambiental, sin olvidar que buena parte del turismo provincial viene atraído por el sol y playa. No podemos permitir que uno de nuestros mayores atractivos se convierta en algo desfavorable”. El documento también propone al ministerio que no apruebe ningún deslinde sin el previo acuerdo de los ayuntamientos y el mayor consenso posible con los vecinos, como recientemente ha sucedido en Nules o Torreblanca.
El vicepresidente de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, ha sido el encargado de defender la moción que solicita al gobierno la modificación de la Ley de Protección Intelectual para eximir a los ayuntamientos de las cantidades de dinero que la SGAE les reclama. Dichas facturas se han venido emitiendo con motivo de sus fiestas patronales. El documento ha sido aprobado por unanimidad con los votos a favor de los tres grupos políticos, PP, PSPV y Bloc, y se ha decidido que la SGAE aporte la documentación que avale cada acto y el seguimiento de la actividad correspondiente. De no corresponderse con las actividades realizadas, tal y como denuncian varios ayuntamientos, el PP pedirá la condonación de dichas deudas.
Otros puntos de la sesión, que se ha iniciado con la condena por parte de la presidencia a la última víctima de violencia de género en nuestra provincia, Esther Ortí, han sido la moción del PSOE sobre la creación de la Escuela de Idiomas o del Bloc sobre la planta de incineradoras. Ambas han sido rechazadas tras aprobarse enmienda a la totalidad por parte del Grupo Popular.
